El Ayuntamiento de Villamartín y la Diputación Provincial de Cádiz han suscrito un convenio por el que se encomienda a la administración provincial, a través del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria (SPRyGT), la gestión y recaudación de sanciones administrativas por infracciones cometidas en este municipio. El acuerdo, aprobado por el Pleno de la Corporación el pasado marzo, tiene una validez de cuatro años, prorrogable anualmente una vez pasado este plazo.
Jesús Solís, diputado del área de Servicios Económicos, y el alcalde de Villamartín, Juan Luis Morales, han mostrado su satisfacción por la implantación de este servicio, que la Diputación puso en marcha a finales del año 2016 y con el que se pretende dar satisfacción a las demandas de los ayuntamientos de la provincia para ser asistidos en esta materia.
La casuística de estas infracciones es variada, ya que dentro del convenio se incluye la gestión y recaudación de sanciones por incumplimiento de la normativa de medio ambiente, seguridad ciudadana, espectáculos públicos, tenencia de animales u orden público, entre otras.
A través del convenio con el Ayuntamiento de Villamartín, que incluye la realización de todas las actuaciones materiales y de instrucción del procedimiento sancionador, el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria procederá a la prestación de un servicio que tiene vocación de ampliarse a más ayuntamientos en el futuro.
Las infracciones administrativas contempladas en el convenio se refieren a la normativa reguladora de la protección de animales; tenencia de animales potencialmente peligrosos; contra la seguridad ciudadana; comercio ambulante; normativa reguladora de transportes urbanos y metropolitanos de viajeros; ruido; determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos; defensa y protección de los consumidores y usuarios; espectáculos públicos y actividades recreativas y en materia de residuos y suelos contaminados.
Esta encomienda de gestión alcanzará todas las actuaciones materiales de tramitación de los expedientes sancionadores y la gestión de cobro en periodo voluntario. Por otra parte, la recaudación ejecutiva de las sanciones impuestas se desarrollará en el mismo régimen establecido en el convenio vigente entre ambas administraciones en materia tributaria. La encomienda también contempla el estudio de las alegaciones o recursos en vía administrativa que pudieran derivarse de la tramitación del procedimiento desde el inicio de éste hasta la emisión, en su caso, de la resolución sancionadora y la defensa de los expedientes en vía contencioso-administrativa, en concordancia con lo establecido en la cláusula de actuaciones judiciales incluida en el convenio.
La dirección técnica y estratégica de la gestión encomendada correrá a cargo del SPRyGT, quien llevará a cabo esta labor en coordinación con los órganos municipales competentes. El convenio también contempla una cláusula dedicada a cumplir la Ley de Protección de Datos Personales.
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